Una huelga para mantener la equidad en la sanidad madrileña.

Puede haber muchas razones para que los profesionales de la sanidad pública madrileña hayamos decidido ir a la huelga, cada profesional y cada colectivo tendrá las suyas, la posible privatización de su hospital o centro de salud, motivos laborales, económicos, e incluso en algunos casos podrían ser hasta políticas, pero estoy seguro de que el factor determinante, que nos ha unido a decenas de miles de profesionales contra el Plan de Medidas de Garantías de la Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de la Comunidad de Madrid, como nunca antes había sucedido, no es otro motivo, tan loable, que mantener la equidad del sistema sanitario.

La equidad o justicia distributiva ante la salud-enfermedad lleva aparejada la idea de igualdad (por ejemplo, igualdad de acceso a los servicios de salud y pruebas diagnósticas entre los habitantes de una misma zona geográfica, igualdad de tratamiento para todos los pacientes que sufren una misma enfermedad independientemente de su poder adquisitivo, etc.).

La equidad es un criterio para orientar las políticas sanitarias, y a diferencia de la eficacia o la efectividad de una medida, criterios objetivos e independientes de cualquier planteamiento ideológico o ético, es un criterio que afecta a como se presta la atención sanitaria a las personas. A diferencia de la eficacia y efectividad, criterios sobre los que la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid tampoco aporta estudios rigurosos sobre la utilidad de la privatización de la gestión y provisión de los servicios sanitarios, el criterio de equidad pertenece a la dimensión de los valores, depende del marco valorativo de quien lo define, siendo en las sociedades democráticas, el conjunto de la sociedad a través de sus representantes políticos elegidos quien ha de definir y concretar sus propios objetivos de equidad y, de acuerdo con ellos, ha de priorizar las intervenciones y ha  de elegir los programas de salud que se pondrán en marcha. Así lo recoge la Ley General de Sanidad, que dio respuesta y desarrollo las previsiones de la Constitución del derecho a la protección de la salud, estableciendo los principios y criterios sustantivos que han permitido configurar el Sistema Nacional de Salud: el carácter público, la universalidad y gratuidad del sistema, y finalmente la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud que en su espíritu se plantean nuevos retos para la organización del Sistema Nacional de Salud, como son la orientación a los resultados en salud, la potenciación del papel de los usuarios como decisores, la implicación de los profesionales en las reformas administrativas, las actuaciones clínicas y la toma de decisiones basadas en la evidencia científica, etc., y asimismo recoge el derecho de garantizar la equidad, la calidad y la participación social en el Sistema Nacional de Salud. Por todas estas razones, los métodos de evaluación económica basados en un análisis de minimización de costes, coste-efectividad o coste beneficio son solamente una ayuda a la toma de decisiones, pero nunca el único criterio para decidir.

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid en lugar de dar explicaciones simplistas y demagógicas a la población, diciéndonos que el ciudadano no va a tener que usar la tarjeta de crédito, debería reflexionar sobre la equidad de  su “Plan” y justificarnos que su Plan no contravine el espíritu de la legislación vigente. ¿Piensa la Consejería que los profesionales sanitarios no somos vulnerables? ¿Que no nos vamos a dejar influir por las presiones de un gestor privado en nuestra toma de decisiones? ¿Que que estas decisiones no van a favorecer en el trato a uno, perjudicando a otro? ¿Dónde quedad queda el papel de los usuarios como decisores, la implicación de los profesionales en las reformas administrativas, la toma de decisiones basadas en la evidencia científica? Quizás piense así por su condición de profesional no sanitario, y por eso debería consultarnos a los profesionales y a la ciudadanía. La inmensa mayoría de los profesionales del sector y un buen número de ciudadanos le estamos diciendo a través de esta huelga, de la recogida de firmas, etc., que una gestión y provisión sanitaria privada afecta a la equidad del sistema, y aunque sea difícil de medir se lo estamos diciendo en base a una larga experiencia profesional. No nos quedan dudas sobre que las clases sociales mas desfavorecidas y con menos capacidad reivindicativa se verían claramente perjudicadas con este Plan.  

El Plan de Medidas de Garantías de la Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de la Comunidad de Madrid tiene excesivos elementos de incertidumbre sobre la eficiencia de la privatización de la gestión y provisión de servicios sanitarios, pero  la incertidumbre sobre la efectividad de la equidad es todavía mayor. Así, es muy probable que las condiciones clínicas del paciente (tipo de morbilidad, edad avanzada, etc.)  lo alejen del perfil de los pacientes que resultan rentables para una empresa privada, cuya razón de ser, no lo olvidemos es la generación de beneficios económicos, y que esto lleve a unos servicios sanitarios  poco equitativos y de menor calidad que los actuales servicios sanitarios públicos. 

Cierto es que muchos expertos en economía sostienen que si se cumplen ciertas condiciones, el mercado asigna eficientemente los recursos, de modo que la mejor opción para el Estado es no hacer nada, o a lo sumo lo estrictamente imprescindible para corregir algunos fallos de mercados concretos. Sin embargo, en el sector sanitario la cuestión de fondo, en el debate sanidad pública versus sanidad privada, consiste en determinar si se dan dichas condiciones, disponiéndose en el Reino Unido de una amplia experiencia, poco exitosas cuando se separan las funciones de financiador-comprador y proveedor, si se incorpora como criterio de evaluación la equidad, y que vienen a avalar que en el sector sanitario no se dan esas condiciones.

Puede que el mercado sea eficiente, pero los criterios para asignar los recursos sanitarios en una sociedad incluyen también el criterio de equidad y el mercado no necesariamente asigna los recursos de forma equitativa. Porque el mercado genera desigualdades (de acceso, de utilización, de salud) incompatibles con los objetivos de equidad hasta la fecha socialmente consensuados en nuestro Sistema Nacional de Salud.

Puede que un sistema sanitario público tenga fallos y bolsas de ineficiencia, pero el sistema sanitario privado también tiene fallos.  Haciendo un esfuerzo de síntesis los fallos del sistema sanitario público más destacados son consecuencia de la discordancia entre ingresos y costes,  si bien en general la mayoría de los expertos asumen que nuestro modelo es muy eficiente,  el enfoque de planificación sanitaria con fines electorales, (en el caso de la Comunidad de Madrid este enfoque llevo a la Consejería a abrir hospitales por doquier y a utilizar las listas de espera quirúrgica y las peonadas de manera muy interesada), la ausencia de escasos incentivos para fomentar la eficiencia, la burocratización de las organizaciones públicas y escasa o nula competencia entre proveedores. Pero justamente para atajar estas debilidades, a través de una gestión eficiente de la sanidad pública, es para lo que se supone elegimos a los políticos y no para hacer encomiendas de gestión y delegar funciones en entidades privadas.  

Ante la crisis económica, y la disminución de los ingresos del Estado no cabe ninguna duda sobre que hay que hacer un Plan de Medidas de Garantías de la Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público, pero tenemos que saber que el debate sobre la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud está muy mediatizado por los intereses económicos en juego, y que nuestro gasto sanitario se encuentra por debajo de la media de la OCDE y muy lejos de los países que lo encabezan, siendo además de los menores si nos fijamos solo en los países mas desarrollados, y  por otro lado conviene tener en cuenta que el crecimiento anual del gasto sanitario en España en los últimos 10 años se situó en el 2,7% cuando el promedio de la OCDE se sitúa en el 4,5%. La sostenibilidad del Sistema Sanitario Público pasa por un ejercicio trasparente de priorización de las inversiones públicas  y en cualquier caso el criterio de equidad debe primar sobre cualquier otro criterio hasta que la sociedad decida otra cosa, y malos profesionales seriamos sino alertáramos a la población de los peligros que una privatización en la provisión de servicios sanitarios sobre la equidad y la calidad conllevan.